La victimización secundaria se refiere al sufrimiento adicional que experimenta una víctima a consecuencia de su interacción con el sistema de justicia penal, incluyendo la investigación fiscal. Si bien no existe un delito específico denominado «victimización secundaria», ciertas conductas durante la investigación fiscal pueden constituir delitos o infracciones, o agravar la responsabilidad penal de otros delitos.

Delitos o infracciones relacionados con la victimización secundaria:

• Trato degradante o vejatorio:
  • Si durante la investigación fiscal se somete a la víctima a tratos humillantes, degradantes o vejatorios, esto podría constituir un delito de trato degradante (art. 150 del Código Penal) o una infracción a los derechos fundamentales.
• Revelación indebida de información:
  • La divulgación no autorizada de información confidencial de la víctima, especialmente en casos de delitos sexuales o violencia de género, puede constituir un delito de revelación de secretos (art. 247 del Código Penal) o una infracción a la Ley de Protección de Datos Personales.
• Falta de diligencia o negligencia:
  • La falta de diligencia en la investigación, la revictimización por interrogatorios innecesarios o la falta de medidas de protección pueden constituir una infracción a los deberes de los funcionarios públicos o una falta de servicio.
• Discriminación:
  • Si la víctima es tratada de manera discriminatoria por razones de género, orientación sexual, origen étnico u otras, esto puede constituir un delito de discriminación (Ley Antidiscriminación) o una infracción a los derechos fundamentales.
• Amenazas o coacciones:
  • Si la víctima es amenazada o coaccionada para que no declare o para que cambie su declaración, esto constituye delitos en contra de la administración de justicia.
• Incumplimiento de deberes de protección:
  • El no cumplimiento de los deberes de protección por parte de los funcionarios a cargo de la investigación, puede generar responsabilidad administrativa.

Factores que contribuyen a la victimización secundaria:

• Falta de capacitación de los funcionarios en atención a víctimas.
• Procedimientos judiciales revictimizantes.
• Falta de empatía y sensibilidad hacia la víctima.
• Exposición pública innecesaria de la víctima.

Importancia de la protección a las víctimas:

Es fundamental que el sistema de justicia penal garantice la protección de las víctimas y evite la victimización secundaria. Esto implica:

• Capacitación de los funcionarios en atención a víctimas.
• Implementación de protocolos de atención a víctimas.
• Garantía de la confidencialidad de la información de la víctima.
• Adopción de medidas de protección para la víctima.

Dónde acudir:

• Fiscalía: para denunciar delitos o infracciones.
• Tribunales de Justicia: para presentar acciones legales.
• Instituciones de protección a víctimas: para recibir apoyo y orientación.

Es importante recordar que las víctimas tienen derechos y que el sistema de justicia penal tiene la obligación de protegerlos.

En el contexto de una investigación fiscal en Chile, la victimización secundaria se refiere al daño adicional que sufre una víctima de un delito a raíz de su interacción con el sistema de justicia penal. Si bien la victimización secundaria en sí misma no constituye un delito específico, ciertas conductas que la generan pueden ser constitutivas de delitos o infracciones existentes.

A continuación, se mencionan algunas conductas que, en el contexto de una investigación fiscal, podrían generar victimización secundaria y que podrían ser consideradas delitos o infracciones:

Delitos:

• Obstrucción a la justicia (Artículo 269 del Código Penal): Si un funcionario público a cargo de la investigación (fiscal, policía, etc.) obstaculiza o dificulta intencionalmente la denuncia, la investigación o el acceso a la justicia por parte de la víctima, podría incurrir en este delito. Esto podría manifestarse en acciones como:  
  • Negarse injustificadamente a recibir una denuncia.
  • Demorar o entorpecer deliberadamente la realización de diligencias investigativas relevantes para la víctima. o            Ocultar información importante a la víctima sobre el avance de la investigación.
• Abuso de poder (Artículos 255 y siguientes del Código Penal): Si un funcionario público se aprovecha de su cargo para vejar, maltratar o discriminar a la víctima durante el proceso de investigación, podría constituir un delito de abuso de poder. Esto podría incluir:  
  • Trato humillante o despectivo hacia la víctima. o            Realización de interrogatorios innecesarios, revictimizantes o basados en prejuicios.
  • Filtración de información sensible de la víctima.
• Revelación de secretos (Artículo 247 del Código Penal): Si un funcionario público revela información sobre la víctima o el caso que esté protegida por secreto profesional o sumario, causando perjuicio a la víctima, podría cometer este delito.
• Denegación de auxilio (Artículo 494 N° 14 del Código Penal): Si un funcionario público, estando obligado a ello en razón de su cargo, se niega a prestar auxilio o protección a la víctima que se encuentre en peligro, podría incurrir en esta falta.
• Delitos contra la libertad y la seguridad individuales: En casos extremos, ciertas acciones durante la investigación podrían constituir delitos como amenazas, coacción o incluso detención ilegal si se dirigen injustificadamente contra la víctima.

Infracciones Administrativas:

• Falta de diligencia o negligencia: Si los funcionarios a cargo de la investigación no actúan con la debida diligencia y profesionalismo, generando retrasos injustificados, pérdida de pruebas o un manejo inadecuado del caso que perjudica a la víctima, podrían incurrir en faltas administrativas que pueden ser sancionadas internamente por la institución (Ministerio Público, policías, etc.).
• Incumplimiento de protocolos de atención a víctimas: El Ministerio Público y otras instituciones suelen tener protocolos específicos para la atención de víctimas, buscando evitar la victimización secundaria. El incumplimiento de estos protocolos por parte de los funcionarios podría constituir una infracción administrativa.
• Discriminación: Un trato discriminatorio hacia la víctima basado en su género, orientación sexual, etnia, condición social, etc., durante la investigación, podría ser considerado una infracción administrativa grave.

Es importante destacar que:

• La determinación de si una conducta específica constituye un delito o infracción dependerá de la evaluación de los hechos particulares del caso y de la interpretación de la normativa vigente por parte de los tribunales y las autoridades competentes.
• Las víctimas tienen derecho a presentar denuncias o reclamos ante las instancias correspondientes (fiscalía, tribunales, Contraloría General de la República, etc.) si consideran que han sido objeto de victimización secundaria constitutiva de delito o infracción.
• Existen leyes y políticas públicas orientadas a prevenir y sancionar la victimización secundaria, como la Ley N° 21.057 que regula la entrevista investigativa videograbada para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves, buscando evitar la revictimización.

En resumen, si bien la «victimización secundaria» como tal no es un delito tipificado, diversas acciones y omisiones por parte de los intervinientes en una investigación fiscal que generen un daño adicional a la víctima pueden ser constitutivas de delitos existentes (como obstrucción a la justicia, abuso de poder, etc.) o de infracciones administrativas. Es fundamental que las víctimas conozcan sus derechos y los mecanismos para denunciar este tipo de situaciones.

La indemnización por victimización secundaria es un concepto complejo y en evolución dentro del ámbito legal. A diferencia de la indemnización por el delito principal, que busca reparar el daño directo causado por el agresor, la indemnización por victimización secundaria busca compensar el daño adicional sufrido por la víctima como resultado de su interacción con el sistema de justicia penal.

Factores que influyen en la indemnización:

• Reconocimiento legal:
  • La existencia y alcance de la indemnización por victimización secundaria varían según la legislación de cada país. Algunos sistemas legales reconocen explícitamente el derecho a indemnización en casos de negligencia o mala praxis por parte de funcionarios públicos. o       En muchos casos, la indemnización puede obtenerse a través de acciones legales por daños y perjuicios contra el Estado o los funcionarios responsables.
• Prueba del daño:
  • La víctima debe demostrar que sufrió un daño adicional como resultado de la victimización secundaria. Esto puede incluir daño psicológico, emocional, social o económico. o            La prueba del daño puede requerir la presentación de informes médicos, psicológicos y otros documentos que respalden la reclamación.
• Responsabilidad del Estado:
  • La indemnización por victimización secundaria generalmente se dirige contra el Estado, ya que es responsable de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de justicia penal. o En algunos casos, también pueden ser responsables los funcionarios públicos que hayan incurrido en conductas negligentes o abusivas.
• Legislación y jurisprudencia:
  • Las leyes y la jurisprudencia relacionadas con la indemnización por victimización secundaria están en constante desarrollo. Es importante consultar con un abogado especializado para obtener información actualizada sobre los derechos y opciones disponibles.

Aspectos clave:

• La indemnización por victimización secundaria busca reparar el daño causado por el maltrato institucional, la negligencia o la falta de protección por parte del sistema de justicia.
• La prueba del daño es un elemento fundamental para obtener la indemnización.
• La responsabilidad principal recae en el Estado, que debe garantizar un sistema de justicia respetuoso con los derechos de las víctimas.

Recomendaciones:

• Si una víctima considera que ha sufrido victimización secundaria, es fundamental que busque asesoramiento legal especializado.
• La víctima debe documentar detalladamente todas las interacciones con el sistema de justicia penal, incluyendo fechas, nombres de funcionarios y cualquier otra información relevante.
• Es importante conservar cualquier documento que pueda servir como prueba del daño sufrido.

La indemnización por victimización secundaria es un derecho en desarrollo que busca proteger a las víctimas del daño adicional causado por el sistema de justicia penal.

A menudo exacerbando el trauma original del delito. Estos daños pueden manifestarse de diversas maneras:

Daño psicológico y emocional:

• Trastorno de estrés postraumático (TEPT): La revivencia constante del trauma, la ansiedad y la hipervigilancia pueden intensificarse por las experiencias negativas en el sistema de justicia.
• Depresión y ansiedad: La sensación de impotencia, frustración y falta de apoyo puede desencadenar o agravar trastornos del estado de ánimo.
• Pérdida de confianza: La víctima puede perder la confianza en las instituciones y en las personas, lo que dificulta su recuperación y reinserción social.
• Sentimientos de culpa y vergüenza: La víctima puede sentirse culpable por haber denunciado o avergonzada por las preguntas y el trato recibido.

Daño social:

• Aislamiento: La víctima puede aislarse de su familia, amigos y comunidad debido al estigma y la falta de comprensión.
• Dificultades en las relaciones interpersonales: El trauma y la desconfianza pueden afectar negativamente las relaciones de la víctima.
• Pérdida de empleo o dificultades laborales: El estrés y la ansiedad pueden dificultar el desempeño laboral de la víctima.

Daño físico:

• El estrés crónico y la ansiedad pueden manifestarse en síntomas físicos como dolores de cabeza, problemas digestivos y trastornos del sueño.
• En casos extremos, la victimización secundaria puede contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas.

Factores que agravan el daño:

• La naturaleza del delito original: Los delitos sexuales y la violencia de género suelen generar un mayor impacto emocional y, por lo tanto, una mayor vulnerabilidad a la victimización secundaria.
• La falta de apoyo social: La víctima que no cuenta con el apoyo de su familia, amigos o comunidad tiene un mayor riesgo de sufrir daños graves.
• La insensibilidad de los funcionarios: El trato insensible, revictimizante o discriminatorio por parte de los funcionarios del sistema de justicia puede agravar el trauma de la víctima.
• La lentitud de los procesos: Los procesos judiciales prolongados e inciertos pueden mantener a la víctima en un estado de estrés y ansiedad constante.

Consecuencias a largo plazo:

• La victimización secundaria puede tener consecuencias a largo plazo en la salud mental, el bienestar social y la calidad de vida de la víctima.
• Puede dificultar la recuperación del trauma original y aumentar el riesgo de revictimización.
• Puede generar desconfianza en el sistema de justicia y disuadir a otras víctimas de denunciar delitos.

Es crucial que el sistema de justicia penal adopte medidas para prevenir la victimización secundaria y proteger a las víctimas de daños adicionales. Esto implica:

• Capacitar a los funcionarios en atención a víctimas y sensibilizarlos sobre el impacto del trauma.
• Implementar protocolos de atención a víctimas que garanticen un trato respetuoso y empático.
• Garantizar la confidencialidad de la información de la víctima y proteger su privacidad.
• Agilizar los procesos judiciales y reducir la incertidumbre para las víctimas.
• Proporcionar apoyo psicológico y social a las víctimas.